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No hay un solo cuerpo normativo que se ocupe del desarrollo de las comunidades campesinas en el Perú. Las normas constitucionales aplicables son las contenidas en los artículos 88 y 89 de la Constitución Política de 1993.

Tal vez en la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656, se puede encontrar un tratamiento más sistemático de las posibilidades de desarrollo de estas organizaciones. Allí se trató del trabajo comunal y del régimen económico, es decir las posibilidades que tienen las comunidades de realizar actividades económicas: mediante empresas comunales, empresas multicomunales o asociándose con otras empresas, sean privadas, pública o mixtas.

Se encuentra también en esta Ley un régimen promocional, constituido por normas tributarias, por lo que no tuvo mayor impacto. La Ley General de Comunidades Campesinas creó también el Instituto Nacional de Desarrollo de las Comunidades Campesinas –INDEC- y el Fondo Nacional de Desarrollo Comunal –FONDEC. Ambas entidades desaparecieron a los pocos años.

En la Ley General de Comunidades los anexos sólo son considerados como asentamientos humanos permanentes ubicados en su territorio y reconocidos por la comunidad. En esta Ley no se contempla la posibilidad de independización, a diferencia de como se hacía en el derogado Estatuto Especial de Comunidades Campesinas (de 1970). Sin embargo, una de las tensiones que se observa es el gran interés de los anexos por lograr su independencia de la comunidad que los alberga (comunidad "madre"), a lo que ésta se opone. La otra tensión es la que impulsa a muchas comunidades a convertirse en Municipalidades de Centro Poblado Menor y luego en Muncipalidades Distritales, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853.

La Ley General de Comunidades Campesinas fue reglamentada por partes, a través de dos decretos supremos. El Decreto Supremo Nº 04-92-TR, del año 1992 complementó el primer reglamento, ocupándose del régimen económico de las comunidades campesinas (considerando la empresa comunal, la empresa multicomunal y la participación de la comunidad como socia de empresas) y las cajas de crédito comunal.

La última parte del Reglamento del Régimen Económico de la Ley General de Comunidades Campesinas fue sustituida por el Decreto Supremo Nº 045-93-AG, que creó las Empresas Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecuarios.

Hay otras normas que se refieren a las comunidades campesinas, aunque de manera tangencial, como es el caso de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 26834, y la Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley Nº 26839