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La Constitución Política de 1993 reconoce la autonomía de las comunidades campesinas y nativas, en su artículo 89º, recogiendo la tradición constitucional peruana. La Constitución les reconoce, de manera extraordinaria, la condición de personas jurídicas, a diferencia de todas las demás formas jurídicas.

En 1987, durante el gobierno de Alan García, se aprobó la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley Nº 24656, que declara de interés nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las comunidades campesinas. Dicha Ley, además de definir a las comunidades campesinas y sus funciones, señala quiénes son comuneros, sus derechos y obligaciones, así como su organización administrativa, consistente en una Asamblea General, una Directiva Comunal y si la comunidad lo decide algunos Comités Especializados, tanto por actividad como por Anexos.

Además, la Ley General de Comunidades Campesinas se refirió al trabajo comunal y al régimen económico, es decir las posibilidades que tienen las comunidades de realizar actividades económicas: mediante empresas comunales, empresas multicomunales o asociándose con otras empresas (privadas o mixtas). Sdecreto-supremo-nro-045-93-age incorporó también en la Ley un régimen promocional, el que por ser de naturaleza tributaria no tuvo mayor trascendencia. Se creó también dos instituciones públicas para promover su desarrollo (el INDEC y el FONDEC) que a los pocos años fueron disueltas por el Estado.

Respecto del territorio comunal, la Ley General de Comunidades Campesinas reitera el tratamiento de la derogada Constitución de 1979 y deriva su tratamiento a la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal, Ley Nº 24657, normando además su tenencia y uso por los comuneros. A las tierras comunales les dedicamos un punto especial en esta misma página web.

Interesa destacar que la Ley General de Comunidades cambia el tratamiento que hasta entonces habían tenido los anexos, al considerarlos sólo como asentamientos humanos permanentes ubicados en su territorio y reconocidos por la comunidad. Pese a ello, se observa en el país una presión grande de los anexos por lograr su independización de la comunidad que los alberga (comunidad "madre"), lo que no está contemplado en la Ley.

La Ley General de Comunidades Campesinas fue reglamentada por partes, a través de dos decretos supremos. Así, el Decreto Supremo Nº 08-91-TR, se refiere a los aspectos propiamente organizativos (reconocimiento de la comunidad, de los comuneros, de sus derechos y obligaciones, de la asamblea general, de la directiva comunal, de los anexos). El Decreto Supremo Nº 04-92-TR, al año siguiente complementó el Decreto Supremo anterior, refiriéndose al régimen económico de las comunidades campesinas (considerando la empresa comunal, la empresa multicomunal y la participación de la comunidad como socia de empresas) y las cajas de crédito comunal. Esta última parte del Reglamento fue sustituída por el Decreto Supremo Nº 045-93-AG, que creó las Empresas Comunales y Multicomunales de Servicios Agropecuarios. Estas normas se comentan en un punto especial de esta página web.